España podría ahorrar 1.800 millones de euros anuales si los
organismos públicos implantaran la facturación electrónica, según un
estudio realizado por Ricoh Europa en colaboración con Billentis.
El informe impulsado por la empresa de reprografía y servicios de
gestión documental insta al sector público de toda Europa a adoptar la
factura electrónica por el recorte de gasto que supondría: si todos los
Gobiernos europeos implantaran este año este sistema de facturación, el
ahorro podría ascender a 40.000 millones de euros.
Entre el 45% y el 65% de las compañías suministran bienes o
servicios al sector público, y aunque se estima que las facturas
enviadas electrónicamente por empresas y administraciones aumentarán un
30% en 2012 respecto al año anterior, la penetración sigue siendo baja,
ya que solo el 18% del total de facturas generadas en Europa se enviarán
por vía electrónica.
El estudio también señala que, globalmente, solo el 5% de las
facturas se envía de forma electrónica, y que cuanto más grande es la
organización, más complicado es determinar su volumen exacto de
facturación.
Asimismo, recoge que entre el 10 y el 15% de las facturas requieren
un recordatorio, lo que añade tiempo y costes extras al proceso de
facturación; el 10% de los datos introducidos manualmente contienen
errores, y normalmente, una factura se copia seis veces.
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